Esta es una de las recomendaciones incluidas en las propuestas del CES al Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2003-2005, cuyo texto el Gobierno debe presentar a la Comisión Europea antes del próximo 31 de julio.

El nuevo Plan de Inclusión es continuación del anterior (2001-2003) y recoge una serie de medidas políticas articuladas en torno a los cuaro objetivos previstos en las directrices de Bruselas: empleo y acceso a los recursos; prevención de los riesgos de exclusión; actuaciones a favor de las personas más vulnerables, y movilización de todos los agentes.

El CES considera que los planes de inclusión han abierto una vía para abordar de forma integral las políticas de inclusión social en España, en un contexto caracterizado por la dispersión de las competencias entre diferentes administraciones y la heterogeneidad en las prioridades en las mdidas y en los recursos que se destinan a este fin.

No obstante, el CES cree necesaria una mayor concreción de los objetivos y las medidas contempladas en el nuevo Plan de Inclusión, una identificación más clara de las acciones directamente relacionadas con la inclusión y de los presupuestos vinculados a ellas, que no deben confundirse con las actuaciones dirigidas a la población en general.

Para el CES sería deseable una mayor homogeneidad de criterios en la solicitud de dictámenes o informes enel proceso de elaboración de este tipo de planes (Plan Nacional de Acción para el Empleo, Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Plan de Acción para Personas discapacitadas), resaltando que numerosas acciones contempladas en el marco de estas políticas confluyen, cuando no coinciden, con las líneas de intervención del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2003-2005,

Asimismo, considera fundamental reforzar la participación de las organizaciones sociales. Además, para un ejor seguimiento y evaluación de la eficacia de los Planes de Acción, el CES recalca en su informe la necesidad de abordar la compilación, seguimiento y evaluación de la información sobre las distintas redes de atención social existentes en España.

Entre las observaciones particulares del informe del CES destacan, entre otras, la falta de un marco regulador a nivel estatal de las empresas de inserción social, la atención a la dependencia, facilitar el acceso a la prestación farmacéutica a personas sinrecursos, las carencias en política de vivienda y la necesidad de establecer una normativa básica que garantice una homogeneidad en las posibilidades de acceso a los recursos ante las mismas circunstancias de exclusión, así como una regulación de los contenidos mínimos de los programas de renta mínima de inserción.