Así, 37 miembros de los 41 presentes recomiendan al Ejecutivo que amplíe los contratos de arrendamiento de viviendas a seis años, frente a los cuatro que plantea la nueva ley, así como que la revisión de la renta se realice sobre el IPC previsto.

El CES solicita además que se mantengan los derechos de tanteo y retracto, ara que los inquilinos puedan acceder preferentemente a la compra de viviendas o locales, además de que para la subrogación de los alquileres de renta antigua se considere igual que al cónyuge a aquellos familiares con una situación personal equiparable a la de éste. También detecta un trato discriminatorio para las parejas en convivencia, frente a los casados, al exigirles la demostración de esta situación al menos de dos años.

Otras de las medidas reclamadas por el CES son el mantenimiento de la figra de traspaso en los términos de la actual ley, así como de la facultad de rehabilitación del contrato de arrendamiento por causas justificadas.

Sobre la actualización de las rentas antiguas, el Consejo estima que la recuperación de la inflación se debería ponderar en función de un coeficiente según la antigüedad de los contratos (sin que suponga la asunción total de la inflación perdida), y que ya que la renta se actualiza, el arrendador debería realizar las reformas oportunas para una adecuada habiabilidad.

También pide la creación de juzgados especializados en materia arrendaticia, la regulación del procedimiento de ejecución de sentencia de desahucio, la necesidad de desarrollo de la cláusula octava de actualización de rentas de vivienda y la posibilidad de mantenimiento del status jurídico de prórroga forzosa para los contratos de arrendamiento para los locales sujetos a esta situación, una vez que se haya actualizado la renta a precio de mercado.

Por otro lado, el CES debatió también hy la Ley de Modificación dela Normativa de Elecciones Sindicales, cuyo dictamen con varias propuestas también fue aprobado, y su presidente, Federico Durán, convocó a un pleno extraordinario el próximo día 21 para valorar las leyes relativas a la reforma laboral.