Votaron contra la propuesta lo 20 representantes sindicales y la mayoría del "tercio" que forman las asociaciones de consumidores, de agricultores, del sector marítimo pesquero y de la economía social (cooperativas y sociedades anónimas laborales).

La propuesta de la CEOE señalaba que el informe debería prever la corresponsabilidad de los representantes de los trabajadores y las empresas en la fijación de los servicios mínimos, una facultad que el actual proyecto de ley limita a la negociación de los sindicatos con la Administracin.

El texto de la propuesta no entraba en mayores detalles, pero la presentación del mismo realizada por el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, dejó claro que la patronal desea modificaciones sustanciales en el actual proyecto.

Jiménez Aguilar defendió concretamente que se prohiba la actuación de los piquetes durante el día de la huelga, que no pueda convocarse un paro en una empresa sin el consentimiento de los trabajadores y que no se permita la ocupación de los locales de las mpresas afectadas por las movilizaciones.

A su juicio, el proyecto de Ley de Huelga en trámite en el Senado hace que todos los piquetes sean "buenos y benéficos; todas las huelgas legales; los servicios mínimos suficientes".

El dirigente patronal lanzó un duro ataque a los sindicatos, a los que acusó dirigir muchas huelgas contra los poderes públicos, "a fin de condicionar la política social y económica, e incluso la producción legislativa".

"Nos encontramos ante una nueva visión de la huelg política: ya no pretenden sus convocantes derribar Gobiernos ni modificar el sistema establecido, pero sí pretenden con ella evitar que se promulgue una norma legal, requerir otras, rechazar una política determinada, etc."

En su opinión, el acuerdo entre los sindicatos y el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso "sacralizó" un texto que pone los intereses de las centrales por encima "no de los empresarios sino del interés general de la ciudadanía".

En declaraciones efectuadas al término de a sesión del CES, Jiménez Aguilar añadió que la Ley de Huelga repercutirá negativamente en la inversión y aseguró que "no beneficia a nadie, salvo a los sindicalistas".

Por su parte, José María Fidalgo, de CCOO, y Emilio Castro, de UGT, acusaron a la CEOE de intentar utilizar el CES como tribuna para reiterar sus críticas a la Ley de Huelga y señalaron que esta institución no debe ser un obstáculo para la tramitación de la norma en la Cámara Alta.

Fidalgo señaló que es innecesario remitir un infome al Senado con la posición de los agentes sociales sobre la Ley de Huelga porque, a estas alturas, "los grupos parlamentarios tienen suficiente conocimiento de las posiciones de todos".