En el documento se dedica un espacio a la revisión de las políticas agraria y pesquera de la UE, así como a la exposición de las nuevas reglas que se están desarrollando en los mercados mundiales.

Por lo que respecta al sector agrario español, su importancia económica en términos de producción y empleo es limitada, la mano de obra familiar es muy relevante y también el trabajo a tiempo parcial, el grado de envejecimiento de los agricultores es muy acusado y es escasa la presencia de mujeres, sobre todo al frente de las explotaciones.

El CES constata que en España son muy numerosas las explotaciones de tamaño reducido y de rendimiento económico escaso, que la ubicación de la mayoría se encuentra en zonas desfavorecidas o de alta montaña y que se observa una tendencia a la desaparición de explotaciones.

Además, la tendencia a la reducción de las ayudas comunitarias, su distribución favorable a las grandes explotaciones, la tendencia hacia la liberalización del mercado mundial y la consiguiente reducción de precios, constituyen elementos de riesgo que permiten vaticinar una disminución de la renta agraria y el abandono de la actividad y el territorio en las zonas con productividades bajas por razones climáticas o estructurales, así como la deslocalización de cultivos hacia áreas con mejores condiciones naturales o estructuras productivas más eficientes.

NUEVAS DEMANDAS

Además, el sector se enfrenta a nuevas demandas sociales, como la exigencia de mayor calidad y seguridad alimentaria por parte de los consumidores o las exigencias en relación con la preservación del medio ambiente, la protección de la biodiversidad o la conservación de los espacios naturales y del patrimonio paisajístico.

En este contexto, el Consejo Económico y Social aconseja articular una serie de medidas que contribuyan a garantizar el desarrollo sostenible del sector agrario, entre las que destaca impulsar y fortalecer el asociacionismo, el cooperativismo y, en general, la concentración e integración empresarial, eliminando intermediarios entre el productor y el consumidor.

En el informe se señala que la distribución comercial de los productos agrarios y la provisión de suministros a los agricultores (carburantes, electricidad) se hallan fuertemente concentradas, mientras que los productores agrarios se encuentran muy atomizados, lo que resta eficacia al mercado como regulador de precios, en perjuicio de los agricultores, que sufren una tendencia a la baja de los precios en origen, y de los consumidores finales, que acusan la tendencia contraria en los precios al consumo.

Por ello, el CES propone la reforma del Observatorio de Precios de los Alimentos para que cumpla efectivamente con su cometido de analizar la formación de precios y los márgenes comerciales, así como las condiciones de competencia en el sector de la distribución.

Además, piden que se vele por el cumplimiento riguroso de la legislación sobre defensa de la competencia en materia de "dumping" comercial. Por eso, creen que sería interesante crear una comisión para investigar las prácticas comerciales en la cadena agroalimentaria, en particular aquéllas que generan importantes cargas financieras y administrativas sobre los agricultores, las pymes y las cooperativas, como la venta a pérdidas o el retraso en los plazos de pago.

MUJERES

También proponen revitalizar los mercados locales y las lonjas de productos agrarios, reordenar los derechos de producción y pago comunitarios hacia jóvenes y mujeres, y velar por que los productos importados cumplan rigurosamente con las normas medioambientales y de calidad y seguridad alimentaria.

Con el fin de mejorar la competitividad y viabilidad estructural de la producción agraria, en opinión del CES, se deberían desarrollar las infraestructuras relacionadas con el proceso productivo agrario, estimular la concentración parcelaria y propiciar el aumento de la oferta de tierra, incentivar la incorporación de mujeres y jóvenes a través de diversas medidas, articular fórmulas para dar mayor estabilidad a los costes del sector y promover un uso más racional de los mismos.

El Consejo considera que para propiciar un modelo dedesarrollo rural sostenible, tanto desde el punto de vista socioeconómico como medioambiental, se debería reconocer al sector agrario como motor de la economía rural y articular un sistema de ayudas ligadas a las funciones sociales y medioambientales del sector y adecuado a la realidad productiva de los distintos territorios.

Asimismo, recomienda apostar por el fomento de la explotación familiar agraria económica, social y territorialmente sostenible; desarrollar las infraestructuras públicas en el medio rural; extremar las precauciones en relación con el cultivo y la comercialización de los productos transgénicos; fomentar la agricultura ecológica e integrada y la utilización de variedades locales; transponer adecuadamente la directiva marco del Agua, y establecer un instrumento financiero independiente para el proyecto Red Natura 2000.

En cuanto a la actividad pesquera, resulta de vital importancia para el desarrollo de determinadas zonas geográficas y para suministrar un producto básico de la dieta alimenticia española. Por otro lado, el sector acuícola se configura de forma creciente como una actividad complementaria a la pesca extractiva, con importantes expectativas de desarrollo futuro.