Según el dictamen del CES a este anteproyecto, "sería conveniente introducir determinadas cautelas y límites a la práctica de la subcontratación en cadena en el ámbito de la contratación en el sector público".

La propuesta del CES estima que las limitaciones deberían comenzar a partir del segundo nivel de contratación. De este modo, el primer subcontratista podrá contratar directamente con otra empresa o trabajador autónomo la ejecución parcial de los trabajos, "salvo que la organización productiva puesta en uso del primer subcontratista consista básicamente en la aportación de mano de obra".

No obstante, el dictamen recoge la posibilidad de que, en casos "debidamente justificados" y por "exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de la producción o por otras visicitudes imprevisibles, fuera necesaria la contratación de alguna parte de la misma a terceros".

Además, el CES quiere introducir un nuevo artículo que señale el hecho de que cada subcontratista "tendrá las mismas obligaciones respecto de su empresario principal en todos los niveles de la cadena y, en todo caso, los subcontratos en cualquiera de los niveles de la cadena no podrán realizarse sin la previa autorización de la Administración correspondiente".

Respecto a los criterios de valoración de las ofertas, el CES pide que se deje claro que no sólo se valorará el precio, sino "la pluralidad de criterios".

DISCAPACIDAD

En cuanto a las prohibiciones en la adjudicación de contratos a empresas, este órgano hace hincapié en el especial cuidado a los trabajadores con discapacidad.

De este modo, el dictamen recomienda que se incluya expresamente entre las causas de prohibición para adjudicar un contrato, el hecho de que el empresario haya sido sancionado por "comportamientos discriminatorios hacia personas con discapacidad".

En esta línea, el CES dice que debería ser práctica habitual la contratación de personas con discapacidad, "por encima del mínimo que se recoge con carácter obligatorio en la legislación", que está fijado en el 5% para el empleo público y en el 3% para el sector privado.

En suma, el Pleno del Consejo Económico y Social reconoce que el anteproyecto de ley de Contratos del Sector Público "merece una valoración positiva, sin perjuicio de las observaciones generales planteadas".