El CES considera que el agua "no es solamente un bien económico", sino también un derecho fundamental del ser humano, y por ello "es necesario garantizar el acceso de todos a un mínimo vital de agua, incluidos los más desfavorecidos, que no están en situación de retribuir este servicio".

Para ello, el dictamen del CES incluye unas recomendaciones específicas, entre ellas la conveniencia de establecer dispositivos demedida -como los utilizados ya en el consumo doméstico- en la agricultura y en la industria.

Asimismo, el CES plantea la necesidad de educar a los ciudadanos en el uso adecuado del agua, para economizar este preciado elemento y luchar contra la contaminación. La participación tanto de usuarios y consumidores como de ONG medioambientales, asociaciones de empresas y sindicatos es, según el CES, "esencial" para lograr una correcta aplicación de tarifas y controlar la protección del medio ambiente y la ecnomía del agua.

El dictamen también recomienda que la Comisión contemple las posibles condiciones excepcionales, como las sequías, en las que la aplicación de las tarifas no permite cubrir los costes.