El CES emitió hoy un dictamen sobre este decreto, en el que considera que la regulación actual de algunos de los requisitos exigidos para la concesión de las ayudas "resultan de imposible cumplimiento para las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular y que, por tanto, es contraria al carácter integral de la Ley".

Por otra parte, el CES valora positivamente articular mecanismos que respondan con prontitud a la necesidad de afrontar las necesidades económicas de las víctimas y pide que se garantice la suficiencia y continuidad de las ayudas en los Prespuestos, algo que no asegura la memoria económica.

Asimismo, entiende que no están claramente determinados los criterios para valorar la empleabilidad de la víctima, lo que puede generar inseguridad jurídica. Por último, propone que las mujeres beneficiarias de la ayuda puedan optar por la forma de pago de la misma.

También considera este organismo que, con carácter general, el procedimiento de concesión de las ayudas económicas debería ser lo suficientemente flexible para que, una vez denegada la ayuda por no concurrencia de algún requisito, sea posible volver a solicitarla si se produce algún cambio en las circunstancias que dieron lugar a la primera denegación. Esta cuestión también debería ser aplicable a la revisión de las cuantías.