Así consta en el "Informe sobre la situación de las personas con discapacidad enEspaña y propuestas para su reactivación", elaborado por el CES con motivo de la celebración en 2003 del Año Europeo de la Discapacidad.

La insitución que preside Jaime Montalvo plantea la posibilidad de que la pensión no contributiva de invalidez se referencie, en cuanto a los requisitos de acceso, a la renta o ingresos exclusivamente percibidos por el beneficiario de la prestación, al objeto de garantizar la vida independiente de los mismos.

Asimismo, sugiere que se debería regular la previsiónde que cualquier situación de discapacidad sea plenamente compatible con la posibilidad de realizar todo tipo de actividad, lucrativa o no, que permita el propio estado de la persona.

A pesar de la reciente aprobación de la Ley de protección patrimonal de las personas con discapacidad, el CES subraya el deber de los poderes públicos de establecer un sistema de protección social reforzado para aquellas personas con discapacidad que no puedan constituir un patrimonio protegido.

SANIDAD Y EDUCACION

Respecto a las políticas sanitarias, el informe estima que el próximo desarrollo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud es una oportunidad para perfilar el contenido concreto de las prestaciones del sistema desde la perspectiva de las necesidades detectadas entre los colectivos de personas con discapacidad. Además, estima prioriario fomentar la investigación para mejorar la calidad de vida del colectivo.

El CES considera que la escolarización del alumnado con discapacidad en régimende integración en los centros ordinarios requiere un mayor esfuerzo por parte de los poderes públicos, sin olvidar la necesidad de garantizar un aprendizaje permanente durante toda su vida.

EMPLEO

El informe mantiene que la mejor vía de inclusión de los discapacitados en la sociedad pasa por impulsar su acceso al empleo ordinario. Respecto al empleo ordinario, aboga por potenciar el papel de los servicios de empleo, fomentar el cumplimiento de la cuota de reserva o de las medidas alternativas previsas, así como dar continuidad a las subvenciones, ayudas e incentivos al empleo de las personas con discapacidad.

En cuanto a las fórmulas de empleo protegido, el CES apoya los centros especiales de empleo, siempre que mantengan su carácter social, su configuración como puente al empleo ordinario, y que estén basados en criterios de viabilidad económica. En esta línea, el informe defiende la creación de un registro de centros especiales de empleo, que permita conocer su evolución.

SERVICIOS SOCIALES En cuanto a los servicios sociales, se plantea la necesidad de solventar "una serie de déficits que presenta el modelo español, debidos, fundamentalmente, a la escasez de recursos, la necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas, la ausencia de una normativa básica que garantice unos mínimos vitales y desarrolle una red de servicios sociales en todo el Estado".

Por ello, plantea la necesidad de adecuación del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios socials a las demandas reales del colectivo discapacitado.

ACCESIBILIDAD

En el terreno de la accesibilidad, el desarrollo del informe ha puesto de manifiesto la amplitud normativa al respecto, pero también su escaso cumplimiento, por lo que desde sus páginas se anima a las Administraciones Públicas a la incorporación, como elemento fundamental de su gestión, del cumplimiento de la normativa sobre barreras arquitectónicas y accesibilidad.

Asimismo, se llama la atención sobre la importancia de ampliar l consenso social acerca de la ejecución y el desarrollo del Plan Nacional de Accesibilidad, contando con la participación de las organizaciones sindicales, empresariales y otras asociaciones sociales representativas.

APOYO A LAS FAMILIAS

Por otra parte, la protección de las familias que tienen en su seno personas con discapacidad se revela como un elemento esencial en las políticas de integración. Para mejorar las condiciones actuales de esas familias, propone completar la regulación recogida en laLey de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, para los supuestos en que los familiares a cargo sean personas con discapacidad.

En este sentido, propone también revisar los planes de fomento de empleo con la consideración de quienes se reincorporen a la vida laboral después de haberse dedicado al cuidado de dependientes con discapacidad de grupo especialmente protegido.

PARTICIPACION SOCIAL

El CES comparte la opinión de la Comisión Europa respecto a la necesidadde fomentar el diágolo civil. "La colaboración, el diálogo y la concertación previos con las personas con discapacidad se han de encontrar en el centro de toda estrategia o política referente a la discapacidad", añade el texto.

Sin embargo, advierte de que, hasta el momento, no se ha desarrollado un ámbito de encuentro y de participación transversal de todos los agentes intervinientes en la inserción de las personas con discapacidad, lo que impide la realización de los análisis y seguimiento del impaco de las políticas implementadas y de los recursos destinados a la inserción social del colectivo.

A este respecto, el informe defiende la configuración del Consejo Nacional de la Discapacidad como un órgano en el que participen los interlocutores sociales y las organizaciones de las personas con discapacidad.