En su preceptivo dictamen, el CES ve "positiva" esta iniciativa legislativa, tanto en el fondo como en la forma, pero cree "necesario" revisar o definir algunos conceptos indeterminados.

Respecto a las medidas que las autoridades públicas deberán adoptar para hacer efectivo el derecho de acceso a la información ambiental, el CES sugiere que el texto debería mencionar expresamente la obligación de realizar actividades de comunicación pública, así como las vías para ejercerlo.

El anteproyecto de Ley establece también garantías de participación pública en planes y programas relacionados con el medio ambiente. Al respecto, el CES propone que se incorporen las estrategias ambientales entre estos instrumentos de planificación.

Por último, el organismo que preside Jaime Montalvo indica que la información objeto de difusión debe estar actualizada y sugiere que se especifique el derecho a una respuesta individualizada y motivada en caso de desestimación de las alegaciones y observaciones.