Esta opinión se incluyó mediante una enmienda presentada por los consejeros de CCOO y UGT, integrados en el Grupo I del CES, reunido hoy en sesión extraordinaria.

El CES se muestra en desacuerdo con posibilitar la subvención del empleo con las prestaciones de desempleo porque entraña una discriminación hacia los desempleados que no perciben ningún tipo de cobertura y desvirtúa la naturaleza jurídca del contrato de trabajo.

En sus observaciones generales, el dictamen del CES muestra su extrañeza por la eliminación del término "básico" (lo que la hace de obligatorio cumplimiento en todo el Estado) del nombre de la ley.

El CES entiende que es positivo que se defina y articule un Sistema Nacional de Empleo que cuente con elementos comunes y de coordinación para responder a la Estrategia Europea, a la política nacional de empleo y a la distribución de competencias entre el Estado y las comuniades autónomas.

Desde el punto de vista de la financiación de políticas de empleo, el CES entiende que el Anteproyecto de Ley es confuso respecto a los distintos aspectos relacionados con la confección, financiación, distribución y ejecución presupuestaria de las políticas activas de empleo, dado que la gestión de las mismas corresponde en unos casos al Servicio Pública de Empleo estatal y en otros a las comunidades con competencias de gestión transferidas.

El anteproyecto del Gobierno, según el ES, no responde a una concepción integral de la política de empleo al no incluir en su definición la protección económica de las situaciones de desempleo. Tampoco resuelve de forma precisa objetivos como la articulación entre políticas activas de empleo y la colocación de las personas desempleadas.

Asimismo, aunque la Exposición de Motivos del Anteproyecto apunta problemas tales como la alta tasa de paro, los desequilibrios territoriales, la excesiva temporalidad en la ocupación, la escasa participacin de los servicios públicos de empleo en la intermediación laboral o las dificultades de integración laboral de determinados colectivos, posteriormente éstos no son objeto de regulación en el articulado.

Entre las competencias atribuidas al servicio estatal no se ha previsto la de gestión de la protección por desempleo, lo que lleva a que tampoco se haya planteado el órgano ni los mecanismos que permitan garantizar la necesaria articulación y relación entre políticas activas y pasivas de empleo.

l Consejo considera que sería conveniente que, con anterioridad a la toma de decisiones relevantes en esta materia, se estudie la posible separación de las fuentes de financiación, con el fin de determinar su viabilidad, alcance y límites concretos, en el contexto de una revisión global del sistema de desempleo.

Sobre la extensión al ámbito privado del contrato de inserción, el CES señala que su regulación afecta a las causas que rigen el sistema de contratación temporal, ya que tiene una causa excesiamente genérica, se amplía su utilización y no se acotan los programas públicos de empleo a los que va dirigido.

El fomento del empleo de las personas con mayores dificultades de inserción laboral debe realizarse mediante programas y bonificaciones a la contratación, pero estas medidas de fomento del empleo no requerirían de nuevas modalidades de contratación que, en todo caso, deberían analizarse en el contexto de las modalidades ya existentes.

Por último, en cuanto a las políticas activas de emleo, el CES considera positivo todo planteamiento que redunde en una atención más personalizada del desempleado y un enfoque preventivo del desempleo de larga duración e igualmente estima que el compromiso de actividad debería fijarse sobre la base del itinerario inicial de inserción laboral, elaborado entre el desempleado y el SPE.