Dicha afirmación del CES está incluida en la Memoria Socio-Económica 2002, aprobada hoy por el Pleno de la institución con 41 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Las reformas que entraron en vigor en 2002 "supusieron un ligero incremento de la pensión de viudedad", pero "dicho incremento no parece haberse traducido en un crecimiento sustancial del importe medio percibido por los beneficiarios deesta clase de pensión".

Así, el CES señala que en 2002 las pensiones de viudedad subieron de media un 5,4%, casi lo mismo que en 2001, cuando lo hicieron un 5,2%, y que en 2000, cuando se incrementaron un 5,3%.

Dichas reformas, apunta además la institución que preside Jaime Montalvo, "siguen sin resolver la cuestión básica relativa al diseño futuro" de esta pensión, "que no es otra que el cambio en el concepto de familia, cada vez menos asociado a la institución matrimonial y a la permanencia delcarácter indisoluble de ese vínculo, y en el que ya no es la norma el desempeño de trabajo remunerado fuera del hogar por uno sólo de los cónyuges".

MENOS APORTACIONES PUBLICAS

El CES también dedica un importante apartado a las fuentes de ingresos de los sistemas de protección social, constatando que, aunque como sucede en la UE, la principal fuente de financiación son las cotizaciones sociales que pagan los empresarios, en Europa hay un mayor peso del sector público.

En el año 2000, las aportaiones de los empresarios suponían en España el 52,7% de los ingresos, mientras que en el conjunto de la UE el nivel era del 38,3%. Por el contrario, las aportaciones públicas representaban el 26,9% en España y el 35,8% entre los Quince.

Estos datos dan pie al CES a volver a reclamar una mayor participación del Estado y al "cumplimiento cuanto antes de los compromisos de separación de fuentes de financiación", que permiten al Estado ahorrarse cada año cerca de 600.000 millones de pesetas que son sufragdos por las cuotas sociales.

En virtud del acuerdo firmado en 2001 por el Gobierno, Comisiones Obreras y CEOE, el Ejecutivo cuenta con plazo hasta 2013 para acometer el proceso de separación de fuentes.

De este modo, el Consejo Económico y Social (CES) reclama al Estado que asuma el coste de "todas las prestaciones de carácter no contributivo", según afirma en su Memoria.

En 2002, el número de beneficiarios de prestaciones no contributivas se cifró en 625.000, de las cuales el 86% correspondan a pensiones de la Seguridad Social y pensiones asistenciales, mientras que el resto las percibieron los beneficiarios de la LISMI.