Sin embargo, el informe del CES denuncia que al Plan le falta concreción en los objetivos, abusa de la "generalidad" de los planteamientos y también carece de una dotación económica clara y vinculada a las acciones en él previstas.

El CES considera que el Plan debería establecer unos objetivos concretos de reducción cuantitativa y cualitativa de la población en situación de pobreza severa, con unos indicadores y un calendario de ejecución.

Dichos indicadores, precisó el consejero de UGT José Manuel Morán, "no deben referirse sólo al PIB, sino que es necesario lograr una sociedad cohesionada, en la que la competitividad económica no sea el único factor que se tenga en cuenta". Además, insistió en que más allá del empleo, se privilegien cuestiones como la pobreza infantil.

El fomento al acceso a todos los recursos, derechos, bienes y servicios (salud, educación, vivienda, empleo, justicia...) es uno de los puntos defendidos en el borrador, especialmente cuando se refiere a las personas en situación de riesgo de exclusión.

BUENAS PRACTICAS

Además, el CES alerta de que el borrador del Plan no incluye una selección de las buenas prácticas y pide su inclusión, tal y como lo ordenan las directrices comunitarias sobre esta cuestión.

También pone de manifiesto que el esfuerzo presupuestario recogido "no coincide" con el periodo del Plan ni "especifica" el contenido de las distintas partidas, por lo que solicita que el Plan incluya "recursos económicos vinculados a las acciones en él previstas".

Finalmente, el CES recomienda la puesta en marcha de un sistema que sea capaz de controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados contra la exclusión social.

La obligación de los países miembros de la UE de elaborar este Plan procede de los compromisos adoptados en el Consejo Europeo de Lisboa, en el que se instó a adoptar medidas que tuvieran un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza a más tardar en 2010.

Posteriormente, en el Consejo Europeo de Niza, se estableció una estrategia europea de lucha contra la exclusión social. En 2001, el Consejo Europeo de Laeken fijó un sistema de indicadores acordados en común para medir la pobreza y la exclusión social.

A partir de 2006 (esto es, en el periodo de vigencia del borrador de Plan) la inclusión social se integrará en una nueva estructura de coordinación política, que implicará la sincronización de la acción de todos los países comunitarios.