El pasado 31 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral mediante un decreto, sin haber recabado antes el dictamen del CES, cuando se trata de una medida que, según la propia Ley de Creación del Consejo, exige al Gobierno a recabar su opinión para aquellos decretos que regulan materias socioeconómicas y laborales.

Para el CES, la decisisón del Gobierno ha evitado que los agentes sociales resentes en el CES se pronuncien sobre esta materia, por lo que considera que "el Gobierno ha vulnerado sus competencias".

A juicio del Consejo, "se ha incurrido en un vicio de procedimiento que afecta al texto refundido de la Ley de procedimiento Laboral".