De ese modo, gran parte de las más de 4.000 solicitudes que Justicia recibe diariamente pasarán a tramiarse en las distintas gerencias, lo que a su vez permitirá acortar los plazos para la tramitación, tanto de las peticiones recibidas por correo en el ministerio como de la información recabada por los órganos judiciales.

Una de las consecuencias de la medida es abaratar el trámite, al poder prescindir en muchos casos de intermediarios que encarecen el proceso.

Precisamente, la preocupación por salvaguardar la confidencialidad de los datos es lo que ha llevado al ministerio a no poner en marcha la nuevas medidas hasta haber conseguido un exhaustivo control informático.