El Comité de Representantes de Minusválidos de Navarra (CORMIN) celebró el pasado 20 de septiembre su acto fundacional en Pamplona. Este cermi autonómico nació con el apoyo de ocho organizaciones, aunque en breve se incorporarán nuevos miembros.

Por su parte, el 5 de julio el presidente-alcalde de la Ciudad Autnoma de Melilla, Juan José Imbroda, presentó el nacimiento del CERMI de Melilla, presidido por Carlos Estaban. En Ceuta, el CERMI se presentará públicamente el próximo mes de noviembre, aunque se constituyó formalmente el pasado 22 de febrero.

En la misma reunión, el Comité Ejecutivo del CERMI estatal abordó la preparación del Día Internacional del Discapacitado, que se celebrará el próximo 3 de diciembre y que este año tendrá como escenario la ciudad de Barcelona. Entre los diversos actos que se está preparando, está previsto la participación del Fundosa ONCE en un partido de baloncesto en silla de ruedas.

En la reunión se abordó también el "Informe de situación y de necesidades en materia de discapacidad severa y vida autónoma", un exhaustivo estudio sobre los retos a los que se enfrenta la población discapacitada con graves minusvalías.

ESTATUTO PATRIMONIAL DEL DISCAPACITADO

El Comité Ejecutivo del CERMI también tuvo conocimiento de dos propuestas normativas, elaboradas por un grupo de tabajo constituido al efecto, relativas a la regulación del Estatuto Patrimonial del Discapacitado.

Este proyecto normativo cuenta con el informe favorable de prestigiosos juristas, como Federico Carlos Sainz de Robles, ex presidente del Tribunal Supremo, y Oscar Alzaga, catedrático de Derecho Constitucional.

El Estatuto Patrimonial del Discapacitado es un tema de gran relevancia que está ya en la agenda de los grupos parlamentarios. La presente normativa tiene por objeto regular un fideicomiso soial que facilite a la persona discapacitada la atención de sus especiales necesidades patrimoniales, de acuerdo con los valores de la solidaridad social y de la protección familiar.

El fideicomiso social es un instrumento jurídico por el se adscribe un patrimonio especialmente configurado a la satisfacción de las necesidades económicas de una persona discapacitada.