Según explicó, las administraciones competentes en la materia de transporte promoverán que, en todos los municipios, al menos un 5%, o fracción, de los vehículos de arrendamiento con conductor, conocidos coloquialmente como VTC, utilizados en el transporte urbano correspondan a vehículos adaptados, debiendo cumplir las mismas condiciones que se exigen a los taxis.

“Mientras no se cubra el citado porcentaje, únicamente podrán otorgarse nuevas autorizaciones para vehículos adaptados”, abundó, para explicar que así lo dispone la reciente modificación del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, operada por el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

Estos vehículos VTC adaptados prestarán servicio de forma “prioritaria” a las personas con discapacidad, pero, cuando estén libres de estos servicios, podrán prestar toda clase de servicios.

Temporalmente, lo dispuesto en esta modificación normativa se planificará por las administraciones competentes antes del 1 de enero de 2024 y el objetivo de llegar al diez por ciento de vehículos adaptados deberá alcanzarse antes de 2030.

De igual modo, el Cermi puntualizó que la nueva regulación establece que, a partir del 1 de enero de 2025, los nuevos vehículos que adquieran los titulares de diez o más autorizaciones de VTC deberán ser adaptados hasta que dispongan de un mínimo de un vehículo adaptado por cada diez que pongan a disposición del público.

En este punto, subrayó que se considera vehículo accesible para el transporte de viajeros de personas con discapacidad aquel que “satisfaga” los requisitos establecidos en la ‘Norma UNE 26494: Vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida con capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el conductor’, o posteriores modificaciones.

Asimismo, la nueva norma dispone que los intermediarios en la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor deberán contar con un medio accesible de comunicación vía web y con un número de atención telefónica accesible a través de texto.

Con este cambio en las normas reguladoras del transporte accesible, se da “respuesta” a la “demanda sostenida” del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que venía exigiendo la ampliación a los VTC de lo que ya regía para el servicio de taxis.