El Cermi señaló este miércoles que esta nueva gran operación estadística sobre discapacidad y dependencia debería haber estado terminada en 2018, una década después de la de 2008, pese a lo cual acumula un retraso de 4 años, sin fecha cierta sobre su conclusión y puesta a disposición pública.

El Comité indicó que contar con datos actuales y “fieles” sobre la realidad de las personas con discapacidad resulta esencial no solo para tener un conocimiento exacto de estas situaciones “sino para tomar decisiones acertadas de política pública y promover legislaciones adecuadas a los fenómenos sobre los que se quiere actuar”.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente y exigible en España, en su artículo 31, sobre recopilación de datos y estadísticas, obliga a los Estados Partes a recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente convención, “mandato que nuestro país está demorando injustificadamente”, concluyó el Cermi.