A pesar del tiempo transcurrido desde este último decreto de mayo de 2023, este desarrollo reglamentario no ha sido aprobado aún, lo que según el Cermi se debe a la “lentitud administrativa” en el procedimiento, lo que está demorando “innecesariamente” que muchos trabajadores con discapacidad puedan acceder a este beneficio de la jubilación anticipada.

Además, el Cermi ha denunciado esta tardanza ante el Defensor del Pueblo y ante la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, órganos que han abierto sendos expedientes de investigación de la queja contra la Seguridad Social con el fin de lograr la aceleración del proceso.

Por otra parte, el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita al Gobierno para que sea respondida por escrito, en la que interpela a la Seguridad Social por este retraso.

El texto registrado por los ‘populares’ pregunta cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar esa regulación y añade: “¿Puede justificar la tardanza de más de año y medio en desarrollar dicho Real Decreto?”.