El texto definitivo de la nueva Ley de Universidades aprobado por las Cortes Generales recoge buena parte de las propuestas que el Cermi formuló a lo largo de la tramitación de la iniciativa, tanto en la fase gubernamental (anteproyecto) como en la parlamentaria, corrigiendo los primeros borradores que se conocieron que eran muy pocos favorables a la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario.

A su juicio, aspectos como la consideración transversal de la discapacidad en toda la renovada regulación del sistema universitario; las garantías de no discriminación, accesibilidad universal, acción positiva y ajustes; la exención del pago de matrículas para el estudiantado con discapacidad; la necesidad de que las universidades cuenten en su estructura con una unidad de atención a este grupo, constituyen elementos propicios para el ingreso, permanencia y progreso de las personas con discapacidad en la enseñanza superior.

Asimismo, el Cermi destacó también como cuestiones positivas recogidas en la Ley el robustecimiento de la consideración de la discapacidad en la política de becas, el establecimiento de un cupo de reserva del 5 por 100 para los estudios de doctorado, inexistente hasta ahora; los apoyos para la movilidad internacional; la apertura de los consejos sociales de las universidades al tercer sector de acción social; el refuerzo del cumplimiento de las cuotas de reserva en favor de personas con discapacidad en el acceso del personal docente e investigador o la posibilidad de que las universidades adopten estudios propios singularizados para el estudiantado con discapacidad intelectual.

El Cermi confía en que esta nueva Ley suponga un impulso para el proceso de progresiva participación de las personas con discapacidad en el sistema universitario en igualdad de condiciones sin restricciones ni discriminaciones asociadas a esta circunstancia.