Se trata de reducir las altas tasas de paro y de incrementar los elevados índices de inactividad que todavía sufren los trabajadores con discapacidad, con especial atención a los grupos severamente excluidos del mercado de trabajo como las mujeres con discapacidad, entre otros.

La Estrategia, que se ejecutará a través de múltiples iniciativas y medidas en los próximos cuatro años, debe generar las condiciones estructurales que permitan la incorporación al mundo laboral de miles de personas con discapacidad que se encuentran en situación de desempleo.

La iniciativa ha sido fruto de un proceso negociador impulsado por el Gobierno y en el que han participado el Cermi y los agentes sociales.

Según esta plataforma representativa, "en un momento de coyuntura económica desfavorable, en la que el empleo de los grupos sensibles como es el de la discapacidad, se puede deteriorar más aceleradamente, son más necesarias que nunca políticas vigorosas de activación".

Estas medidas que no se pueden limitar, a juicio del Cermi, a lo estrictamente laboral, sino que han de abarcar la educación, la formación, la protección social, la accesibilidad, la fiscalidad, la mentalización y la visibilidad.