Tal y como se destacó la reunión del Comité de Apoyo celebrado hoy, “es necesaria la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Convención mediante una Ley Orgánica amplia e integral que promueva proteja y asegure los derechos humanos de ese sector social, así como el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, la educación inclusiva, la libertad personal (eliminación del ordenamiento jurídico de la posibilidad de los internamientos y tratamientos no voluntarios por razón de trastorno mental), los apoyos públicos suficientes para la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad”.

Asimismo, durante la reunión se instó, entre otras muchas materias, a la reforma de la regulación normativa de la participación política y el acceso a los procesos electorales de las personas con discapacidad para garantizar la igualdad efectiva y la accesibilidad universal. “Sin discriminaciones ni exclusiones, que comprende también la provisión de apoyos de todo tipo para que estas personas puedan ejercer las funciones electorales como el resto de la ciudadanía”, aseveró Saravia.

Durante esta sesión, Saravia, también presentó a la diputada en las Cortes Valencianas por Alicante, Laura Soler Azorín, y a la nueva coordinadora del grupo de trabajo sobre Discapacidad en el Consejo General de la Abogacía Española, Gema Rial Rodríguez, como nuevas personas integrantes del Comité de Apoyo.

Otro de los puntos más importantes tratados en la reunión, fue abordar la situación en la queda la reforma del artículo 49 de la Constitución Española tras la disolución anticipada de las Cortes Generales. Así, el Cermi reivindicó “la necesaria reforma de la Constitución Española para dotar de rango de derecho fundamental a los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía española, en concreto, los de las personas con discapacidad y sus familias, que aseguren su inclusión en la comunidad y la vida independiente, mediante la no discriminación y la acción positiva”.

Asimismo, se informó sobre la denuncia del Cermi ante la Defensora del Pueblo de la UE por la deficiente regulación de los derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad, y se han planteado las propuestas y acciones del Cermi sobre la tarjeta europea de discapacidad para impulsar una Europa sin barreras.

Por otro lado se destacó, el lanzamiento de la Alianza Apoyo y Autonomía, para el despliegue y aplicación plena de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y se ha explicado la visita del Cermi para dar a conocer la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España ante los organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.