Por ello, apeló a la toma de conciencia de administraciones públicas y entidades empresariales, públicas y privadas y reiteró su “firme compromiso” con la creación de un entorno de consumo seguro e inclusivo que permita a las personas con discapacidad acceder a productos y servicios en igualdad de condiciones y con plenas garantías.

El Cermi subrayó que la inclusión en el consumo no solo es un derecho, sino también una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad. La entidad destacó que trabaja activamente para eliminar las barreras que limitan la participación efectiva de este colectivo, promoviendo políticas públicas y prácticas sociales que favorezcan un consumo accesible.

“La política de consumo debe ser inclusiva, reduciendo las desigualdades estructurales y minimizando las vulnerabilidades, tal como establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030. Nuestro objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a productos y servicios sin barreras, ejerciendo sus derechos como consumidoras de manera plena y sin ningún tipo de discriminación”, señaló Imelda Fernández, vicepresidenta del Cermi y presidenta de su Comisión de Consumo Inclusivo.

El Cermi pone el foco en tres normativas clave que marcarán un avance fundamental en la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito del consumo. En primer lugar, el real decreto sobre etiquetado accesible, cuyo objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a información sobre productos de consumo de especial relevancia para la protección de su seguridad, integridad y calidad de vida. Sostiene que este real decreto debe incluir la posibilidad de acceder a la información a través de braille, códigos QR enmarcados en relieve, lectura fácil y pictogramas. Se espera que este reglamento se apruebe en junio de 2025, "lo que representará un gran paso hacia la accesibilidad universal en el ámbito del consumo", afirmó el Comité.

Otra iniciativa destacada, cuya aprobación se reclama, es la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que debe garantizar la accesibilidad y el trato digno a las personas con discapacidad en todos los canales de atención al cliente, incorporando alternativas de acceso, como, por ejemplo, asistentes virtuales con voz sintetizada, videointerpretación en lengua de signos, pictogramas o la interacción mediante comunicación aumentativa y alternativa, entre otras.

Por último, el Cermi resalta también la necesidad de adoptar cuanto antes la ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuyo objetivo es resolver extrajudicialmente los conflictos entre las entidades financieras y los consumidores, reforzando la atención personalizada y garantizando la inclusión financiera de las personas con discapacidad.

Asimismo, reitera la necesidad de garantizar la accesibilidad de los servicios de atención a la clientela y, en general, de los productos, bienes y servicios de consumo. Añadió que, además de su labor de seguimiento de políticas públicas, continúa comprometido "con la generación de conocimiento e impacto social sobre discapacidad y consumo. Uno de los focos prioritarios de la entidad es reducir la brecha digital y abordar el impacto de la inteligencia artificial en el consumo, para asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas de los avances tecnológicos".

Con motivo de este día, también se ha presentado el cupón de la ONCE, en colaboración con el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). Ambas entidades, junto con el CermiI, trabajan de manera conjunta para reforzar la defensa de las personas con discapacidad como consumidoras y usuarias, llevando a cabo actuaciones que favorezcan la protección efectiva de este colectivo en situación de especial vulnerabilidad.