"La diferente titularidad de los medios, pública o privada, no modifica el deber de ofrecer en forma accesible los contenidos audiovisuales, pues el derecho de las personas con discapacidad a entornos accesibles es universal y para todo tipo de canales", alegó el Cermi en un comunicado.

Para el Cermi, la futura Ley General Audiovisual, cuya aprobación es "urgente", debe regular obligaciones de accesibilidad (subtitulación, emisión en lengua de signos y audiodescripción) para todas las televisiones, más allá de su carácter público o privado.

Según recordó el Cermi, España carece de normas legales que obliguen a que la programación de las televisiones sea accesible, lo que va en contra de los mandatos de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y plenamente vigente en nuestro país.

"Países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia disponen desde hace años de legislaciones que garantizan la accesibilidad de los medios audiovisuales a las personas con discapacidad, por lo que no se entiende el retraso que experimenta España", subraya el Cermi.