Pérez Bueno hizo estas declaraciones en la presentación del Libro Blanco sobre las Personas con Discapacidad Sobrevenida en España 2025, celebrada en la agencia de noticias Servimedia.

En su opinión, es obligación del Gobierno “elaborar y presentar un proyecto dePresupuestos” y “luego ya veremos si cuentan con los apoyos necesarios para su aprobación”.

Pérez defendió la “necesidad social” de que el Ejecutivo dé este paso porque sin Presupuestos de 2025, “muchas medidas” que el movimiento de la discapacidad demanda, y algunas partidas “ya comprometidas”, se pueden “quedar en la pura afirmación”. Esto es, no llegar a ejecutarse.

VALORACIÓN

En este punto, Pérez Bueno se refirió a la urgencia de agilizar las listas de espera para la valoración del grado de discapacidad, que en algunos casos supera los dos años. A su juicio, el sistema de valoración “mantiene una estructura que apenas ha variado desde los años 80”.

Comentó que las valoraciones y certificaciones dependen de los antiguos Centros Base del Imserso y lamentó que “el funcionariado tampoco se ha adaptado” ni a los nuevos criterios ni a muchas realidades emergentes (nuevos tipos de discapacidad).

Sin embargo, “el número de personas con discapacidad acreditada se ha multiplicado por cinco o por seis desde entonces”, debido en parte al envejecimiento de la población, pero “también al efecto llamada de los beneficios” asociados a la discapacidad.

“Aunque todavía insuficientes, la Administración garantiza a las personas con discapacidad” algunas ayudas y ventajas, y destacó que “ello genera un efecto llamada positivo que incentiva” a solicitar el certificado porque “es la puerta de entrada al sistema”.

NUEVO BAREMO

Por todo ello, Pérez reclamó “adaptar los Centros Base y los equipos de valoración” a las exigencias del panorama actual. Elogió en este punto el nuevo baremo para la valoración del grado de discapacidad que, entre otros puntos, “flexibiliza la constitución de los equipos técnicos”.

Hasta la reforma de 2022, explicó que en todos ellos debía haber un médico (junto a un psicólogo y a un trabajador social).

Ahora se permite “cualquier trabajador sanitario” y esto, según Pérez, facilitará la creación de nuevos equipos. “Si nos faltan médicos en el Sistema Nacional de Salud, donde están mejor pagados, ¿cómo no vamos a tener problemas para contratarlos en los servicios sociales?”, se preguntó. De ahí su apoyo a esta reforma.

Por otro lado, Pérez propuso “utilizar las nuevas tecnologías”, como sistemas de inteligencia artificial 'bien entrenados', para “agilizar las valoraciones.

Si los servicios sociales dispusiesen de “los sistemas informáticos que tienen la Agencia Tributaria y Hacienda”, el problema de las listas de espera estaría solucionado ya, aventuró.