Para el CERMI, la nueva legislación que modifica el modelo de financiación de RTVE debe incorporar medidas de accesibilidad al contenido para que los derechos de las personas con discapacidad queden garantizados.

Estas medidas pasan por que el 100% de la programación de la televisión pública se emita con subtítulos, además de incluir en partes significativas de la misma la emisión en lengua de signos y la audiodescripción.

Nuestro país carece de regulación legal sobre accesibilidad a los contenidos audiovisuales, lo que supone una vulneración de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España y plenamente vigente.

El CERMI examinará el contenido del anteproyecto presentado por el Gobierno y planteará sus demandas para que sean tenidas en cuenta en el texto definitivo que se remita a las Cortes.