El Cermi explicó en un comunicado que así se acelerarían los pleitos en que estas personas estuvieran implicadas, ya que gozarían de preferencia en la tramitación obteniendo de este modo una resolución de su asunto lo más cercana en el tiempo.

La Ley de Jurisdicción Social vigente ya considera urgentes una serie de cuestiones (tutela de derechos fundamentales, extinción del contrato por impago de salarios, conflictos colectivos, fijación del periodo de vacaciones, etc.) que con la modificación que plantea el Cermi se ampliarían, por motivos de justicia material, a las personas con discapacidad o en situación de dependencia.

El Cermi fundamentó su petición a Justicia en el nuevo artículo 49 de la Constitución Española, reformado este mismo año con el consenso mayoritario de los partidos parlamentarios, que establece la protección reforzada de los derechos de las personas con discapacidad y que en este ámbito de la jurisdicción social tendría esta proyección de consideración prioritaria.