Así lo constató el Comité en su documento de alegaciones presentado en el trámite de audiencia abierto en relación con el anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo.

Como fundamento de su propuesta, el Cermi argumentó que al tratarse de una "discriminación" que persiste en nuestro ordenamiento jurídico, y declarada así por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "no basta con que se suprima sólo en el Estatuto de los Trabajadores, lo que beneficiaría al empleo sujeto a esta normativa legal, sino que debe ampliarse también a la función pública, para amparar a los empleados públicos con discapacidad sobrevenida".

"Por ello, es necesario modificar tanto el Estatuto de los Trabajadores, como prevé el Anteproyecto de Ley, como asimismo el artículo 67 del Estatuto Básico del Empelado Público, para que las dos regulaciones, la de empleo privado y la de público, sean similares en este punto, sin que se produzca ningún agravio en función de la naturaleza de la relación laboral", aseveró.

Por otra parte, el Cermi abogó por aprovechar la iniciativa legislativa promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para abordar también los aspectos de empleo público, "otorgando una solución completa a la prohibición de esta discriminación por motivos de discapacidad”.