Así lo pedirá el Cermi a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno, puesto que considera que "la reforma de esta legislación resulta absolutamente inaplazable, ya que hay un gran número de personas con discapacidad y mayores en situaciones de absoluta indignidad, prisioneros en sus propias viviendas, sin poder entrar y salir de sus domicilios con normalidad".

El Cermi y las organizaciones de la discapacidad reciben un aluvión de quejas y denuncias de personas y familias que no pueden llevar una vida normalizada en su entorno habitual por falta de condiciones de accesibilidad de sus viviendas. Tanto es así, que estas situaciones de auténtica discriminación son la primera causa de denuncia por parte de las personas con discapacidad.

La actual normativa, modificada en el año 2003, hace obligatorias las obras y actuaciones de accesibilidad en los edificios, siempre que el coste no supere el importe de tres mensualidades de ingresos por cuotas de la comunidad de propietarios de que se trate. Cuando la obra supera ese importe, el coste ha de ser soportado por el vecino con discapacidad o mayor de 70 años.

El Cermi entiende que este límite de las tres mensualidades es discriminatorio y exige que se cambie la ley para que desaparezca y que toda obra y actuación de accesibilidad sea asumida por la comunidad.