Este protocolo es de carácter voluntario, como compromiso de la plataforma cívica con los derechos de las personas LGTBI+, ya que el mandato legal no afecta al Cermi, al ser una organización que está lejos de alcanzar una plantilla de 50 personas, que es el mínimo para que resulte legalmente obligatorio.

Siguiendo los directrices normativas aplicables, el plan articula medidas preventivas y correctivas contra la discriminación, fomentando una participación más activa de las personas LGTBI+ en todos los aspectos de la vida de la organización y en las esferas externas de relación e interacción.

El objetivo del protocolo es que sea una herramienta que permita identificar, prevenir y abordar cualquier situación que vulnere los derechos de las personas LGTBI+ en el ámbito profesional y de trabajo.

De esta manera, el Cermi amplía sus otras iniciativas estratégicas que viene desarrollando, como el Plan de Igualdad, su Código Ético o el Plan de Bienestar Mental, entre otros, que busca mejorar el entorno laboral para los segmentos de profesionales más expuestos.