La investigación partió de la premisa de que los recursos tecnológicos son un bien social imprescindible para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y para el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, existen diferencias entre esta población y aquella que no tiene discapacidad, en cuanto al acceso a las tecnologías, su uso y aprovechamiento. Estas diferencias conforman la denominada brecha digital y constituyen una forma de pobreza y exclusión social, con gran capacidad para ampliar los desequilibrios preexistentes que sufre la población con discapacidad en términos económicos, sociales y de acceso efectivo a derechos.

El Cermi señala que la desigualdad tecnológica se corrige con inclusión digital, cuyo objetivo es conseguir que ninguna persona se quede fuera de un mundo que ofrece innumerables posibilidades.

Asegurar la inclusión digital de la ciudadanía con discapacidad, añade, resulta fundamental para reducir la brecha de desigualdad tecnológica que afronta esta población y conseguir una sociedad digital más justa y equitativa. Además, está vinculada a la protección y disfrute de los derechos de las personas con discapacidad como consumidoras en el entorno digital.

El estudio se enmarcó en el compromiso de colaboración entre el Cermi y la OCU para llevar a cabo actividades dirigidas a acortar la brecha digital y asegurar un acceso equitativo a la tecnología para todas las personas con discapacidad. La investigación proporcionó un análisis del fenómeno de la brecha digital entre las personas consumidoras con discapacidad, y definió propuestas y recomendaciones para su reducción, a fin de avanzar hacia un escenario de consumo inclusivo y sostenible.