Dicha propuesta será elevada al Gobierno y a los grupos parlamentarios con representación tanto en el Congreso como en el Senado.

La Ley General de la Seguridad Social regula las llamadas pensiones no contributivas de invalidez, que fueron creadas por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre. Para el Cermi, la norma significó un avance en la protección social, al ampliar las pensiones a aquellas personas que, no habiendo cotizado o sin hacerlo suficientemente, se encuentran en situación de necesidad por razón de edad o de discapacidad.

De este modo, la ley pasó a garantizar, como derecho subjetivo, el acceso universal a las pensiones de invalidez o jubilación ante situaciones de necesidad.

No obstante, al establecer los requisitos que conforman la situación de necesidad que da acceso a las prestaciones, la ley introdujo ciertas cautelas que supusieron para las personas con discapacidad severa una modificación respecto de la situación precedente.

Así, esta norma y, posteriormente, el actual Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, conectan el requisito de carencia de rentas suficientes no sólo a la situación personal del beneficiario, sino también a la de la unidad económica de convivencia en la que éste se integra.

Para el Cermi, este criterio ha perdido su sentido una vez transcurridos más de 15 años desde su entrada en vigor. Según indica, en este período se ha demostrado que "el número de beneficiarios es reducido e incluso presenta, en los últimos años, una tendencia clara a disminuir".

Además, las personas con discapacidad severa se ven constreñidas en su capacidad de elección de forma de vida, por el temor a la pérdida de su derecho a pensión en función de los ingresos económicos de las personas con las que eligen o se ven obligadas a convivir.

Ante esta situación, el Cermi considera que la insuficiencia de recursos que da acceso a las prestaciones se debe referir al beneficiario de las mismas, individualmente considerado, y no a su entorno de convivencia.

Este criterio de la renta personal ha sido el elegido por la Ley de Dependencia, por lo que el Cermi considera que ha de existir coherencia entre ambos sistemas de protección y pasar, en las pensiones son contributivas, del criterio de unidad de convivencia al de renta personal.