En concreto, el comité propone que el texto incluya la obligación de las universidades de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación en el acceso, ingreso, permanencia y ejercicio de los derechos académicos, o de cualquier clase.

Asimismo, las universidades deberán "establecer medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación (de los estudiantes con discapacidad) plena y efectiva en el ámbito universitario".

Igualmente, "los edificios, instalaciones, entornos y dependencias de las universidades, incluidos también los espacios virtuales, así como los servicios y procedimientos y el suministro de información, deberán ser accesibles para todas las personas, de forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación, en condiciones reales y efectivas de igualdad".

CERMI propone, también, que tengan acceso "a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario".

Por otro lado, "las Administraciones públicas competentes, en coordinación con las respectivas universidades, establecerán programas específicos para que las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como las personas con discapacidad, puedan recibir la ayuda personalizada, los apoyos y las adaptaciones necesarias en el régimen docente".

Finalmente, propone que las universidades elaboren los planes que den cumplimiento a lo dispuesto en la LOU, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, y "previa consulta de las organizaciones representativas de los respectivos sectores sociales concernidos".