El CERMI recuerda que, según prevé el Código Civil en su artículo 956, cuando una persona fallece sin haber hecho testamento y sin tener herederos legales, es el Estado el que recibe esos bienes, que según el Comité "tendrían que ser dedicados a fines diversos, unos sociales y otros de amortización de la deuda pública".

A juicio del comité, esta regulación, que procede del siglo XIX, "ha quedado obsoleta, y debería modificarse para que todos los recursos que obtenga el Estado por esta vía de los abintestatos se dediquen a acciones de autonomía personal y atención a la dependencia".

La reforma busca evitar la dispersión de fondos que se produce con la actual regulación y la concentración en un único fin social, la promoción de la autonomía personal.

Para el CERMI, además de ser mas eficaces en la atención a las necesidades sociales, de esta manera "se habilitaría un nuevo medio de financiación para el Sistema para la Autonomía Atención a la Dependencia establecido por la Ley 39/2006".