Según la propuesta del Cermi, este 2% adicional de plazas se reservaría para que fueran cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

Esta propuesta es consecuencia del compromiso electoral del Gobierno de alcanzar el objetivo de llegar al 2% de personas con discapacidad en el total de trabajadores de la Administración General del Estado.

Por otra parte, el comité sugiere otras medidas legislativas que puedan estimular el acceso al empleo público de este grupo social. Así, el Cermi propone realizar pruebas independientes para las plazas reservadas para personas con discapacidad y que en la distribución de la reserva de plazas se dé preferencia y mayor cupo a las vacantes compatibles en mayor medida con la posible concurrencia de una discapacidad.

Asimismo, sugiere que cuando las plazas cubiertas por personas con discapacidad no alcancen el 4% de las plazas convocadas, se acumulen al cupo del 7% de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15%.

Del mismo modo, propone establecer este cupo también para cubrir puestos de personal laboral o interino y en las pruebas de promoción profesional.