Según el CERMI, la aprobación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, constituyó un avance muy importante en la política de participación de las personas con discapacidad y sus familias.

Un artículo de dicha ley establece que "las personas con discapacidad y sus familias, a través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones que les conciernen, siendo obligación de las Administraciones Públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva".

De igual modo, esta ley dispone que "se promoverá su presencia permanente en los órganos de las Administraciones Públicas, de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad y sus familias".

Según el CERMI, es preciso hacer efectivo el contenido de dicha ley, para lo cual hay que proceder a una modificación de la norma reguladora del Consejo Escolar del Estado.

En concreto, el CERMI propone que esta norma disponga que "en el Consejo Escolar del Estado, cuyo presidente será nombrado por real decreto, a propuesta del Ministro de Educación y Cultura de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo", estén también representadas "las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, a propuesta de la asociación de utilidad pública, más representativa en el ámbito estatal, de los diferentes tipos de discapacidad".