Ante la falta de datos precisos disponibles sobre el cumplimiento real de este mandato legal, el Cermi desea que la TGSS recopile y ordene la información obrante en sus registros (que abarca a todas las empresas y a todos los trabajadores) y ofrezca esta información de gran utilidad para las instancias con interés en el empleo de personas con discapacidad.

Así, el Cermi pregunta sobre el número de empresas privadas y públicas, a fecha 1 de enero de 2022, que por tener una plantilla igual o superior a 50 trabajadores están obligadas a reservar un 2 por 100 en las mismas para personas con discapacidad, según dispone el artículo 42 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013.

Esta información se solicita por comunidades y ciudades autónomas donde esas empresas tengan su domicilio social.

De esas empresas y a la misma fecha, el Cermi recaba también el número de aquellas que estando obligadas cumplen efectivamente con el citado deber legal de reserva del 2 por 100 y en qué grado, expresado en porcentaje, y también con desglose territorial de comunidades y ciudades autónomas.

De esa relación de empresas, y a la misma fecha, se solicita asimismo el número de aquellas que estando obligadas no cumplen con ese deber legal, también con desglose territorial de comunidades y ciudades autónomas.

La indagación del Cermi continúa recabando, a la misma fecha, número total de trabajadores con discapacidad, con diferenciación por sexos, integrados en plantillas de empresas obligadas legalmente a reservar el 2 por 100 de sus plantillas a personas con discapacidad, también con desglose territorial de comunidades y ciudades autónomas.

Finalmente, reclama conocer el número de trabajadores con discapacidad, a la misma fecha, dejados de contratar por el incumplimiento de las empresas obligadas del deber legal de reserva de empleo en favor de trabajadores con discapacidad, también con desglose territorial de comunidades y ciudades autónomas.

Esta información solicitada es de gran relevancia para el Cermi y todo el sector social de la discapacidad a fin de programar su estrategia de acción en materia de activación e inclusión laborales de personas con discapacidad de los años 2022 y 2023, y determinar en qué aspectos de la política pública debe hacer una tarea más intensa de incidencia.