Así lo dio a conocer el Cermi en un documento de propuestas a la consulta pública previa sobre el anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia intergeneracional. En el documento del Cermi se recogen peticiones elaboradas desde la plataforma unitaria de la discapacidad -en particular, de la Comisión de Juventud del Cermi-, dirigidas a incidir en la necesidad de garantizar la participación activa de las personas con discapacidad jóvenes en una doble dimensión: por una parte, en la construcción de políticas públicas de juventud inclusivas, y, por otra, como beneficiarias de estas, merecedoras de una protección reforzada en el reconocimiento de sus derechos.

Entre las consideraciones que, según Cermi, deben tenerse en cuenta en el Anteproyecto de Ley, señala la necesidad de que las políticas públicas de juventud sean “exigentes y respetuosas con el modelo de derechos humanos”. De modo que, propone que la futura Ley “se conciba y despliegue conforme al paradigma de la Convención, el único marco de referencia posible”.

Asimismo, en el informe el Cermi manifestó la necesidad de que el anteproyecto de Ley tenga presente la reciente reforma social de nuestra Carta Magna para que los poderes públicos impulsen una política de juventud que garantice la plena autonomía personal y la inclusión de las personas con discapacidad jóvenes.

Otra de las propuestas que sugiere la expresión organizada de la sociedad civil de las personas con discapacidad pone el foco en la no discriminación. “Es fundamental impulsar la concienciación social hacia la realidad de la juventud con discapacidad”, reza el texto. En este sentido, el Cermi afirmó que la accesibilidad universal en productos, entornos, servicios, información y comunicación debe permear todo el texto como “primer y principal requisito contra la discriminación”.

Desde el Cermi también expusieron la necesidad de que la futura Ley sea “interseccional” para que ofrezca respuestas individuales a cada persona con discapacidad joven. Del mismo modo, el movimiento considera que el anteproyecto debe tener en cuenta a mujeres con discapacidad jóvenes por enfrentarse a formas agravadas de discriminación en todos los ámbitos de la vida.

Asimismo, propone en este documento que la futura Ley sea el marco de unas políticas públicas de juventud “con suficiente dotación económica, enfocadas a potenciar el activismo juvenil y el empoderamiento de la juventud con discapacidad”.

En la misma línea, el Cermi plantea que la ley impulse cauces de participación inclusivos para garantizar una representación política adecuada de las personas con discapacidad jóvenes en la dimensión política y social.

En cuanto al ámbito de la norma, el movimiento Cermi expone en este documento que para garantizar los derechos económicos y cobertura social de las personas con discapacidad jóvenes, la Ley debe impulsar el trabajo y empleo de la juventud con discapacidad en condiciones dignas, su derecho a la vida independiente, la protección social mediante una Ley que garantice las prestaciones sociales para las personas jóvenes con discapacidad, una vivienda inclusiva, las necesidades en materia de políticas públicas de salud, una educación inclusiva y de calidad, entornos de ocio y cultura inclusivos, etc.

En este mismo punto, pero bajo el enfoque de derechos democráticos y participación política, el Cermi denuncia la “alarmante baja participación de las personas jóvenes con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública”. Por ese motivo, consideran “imprescindible” que la futura Ley garantice este punto.

De nuevo, bajo el ámbito de la norma, se recogen planteamientos en torno a la salud mental y bienestar para que la futura Ley impulse “la toma de conciencia social, considerar la prevención, detección y atención temprana, aplicar un enfoque sociosanitario, y dentro de este analizar la salud mental desde un enfoque bio-psico-social”.

La protección contra la explotación, violencia y abuso, la protección de la identidad, la transición digital, la crisis ecosocial y derechos de las generaciones futuras, y la violencia de género, son otros puntos que se desarrollan en el documento de propuestas vinculado al ámbito de aplicación de la norma.

Para el Cermi, es fundamental contar con datos de calidad para ayudar a diseñar políticas públicas de juventud. Asimismo, el Cermi señala que es “imperativo” que la nueva Ley diseñe indicadores y métricas que permitan la medición continuada y con ello un seguimiento y evaluación adecuados, a fin de conocer el impacto social en las personas con discapacidad jóvenes.

Por último, introduce en este documento el planteamiento de la Gobernanza para que el anteproyecto prevea la “existencia de mecanismos y estructuras formales y permanentes para la participación y diálogo activos de las organizaciones representativas de personas con discapacidad jóvenes”.