El acto, que tuvo lugar en la sede del Cermi Estatal, contó con la presencia del diputado en el Congreso por Albacete y portavoz en la Comisión de Discapacidad en el Congreso, Emilio Sáez; el senador por Albacete y viceportavoz socialista de la Comisión de políticas integrales de la discapacidad de la Cámara Alta, Juan Ramón Amores; la diputada por Barcelona y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso, Teresa Llorens; y la diputada por Cáceres y miembro de la Comisión de Discapacidad del Congreso, Maribel García. Por parte del Cermi, acudieron el presidente, Luis Cayo Pérez Bueno; el secretario general, Alberto Durán; y el presidente de la Comisión de Inclusión Laboral, Daniel Aníbal García Diego.

En primer lugar, el Cermi se felicitó por la propuesta de reforma constitucional acordada entre el PSOE y el PP, que se votará próximamente y que permitirá llevar a cabo “la primera reforma social de la Constitución española”, de mano de la discapacidad organizada.

Seguidamente, en la reunión, el Cermi expuso los asuntos principales para los que pidió “el compromiso y el respaldo de los grupos socialistas del Congreso y del Senado”.

Por ello, se insistió en la “necesidad ineludible” de abordar y resolver en estos primeros meses de legislatura “el grave problema de la accesibilidad a la vivienda” con la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, para lo cual el Cermi entregó a los representantes del Grupo Parlamentario Socialista una propuesta “articulada y fundamentada” para que la reforma consiga devolver la autonomía a más de 100.000 personas con discapacidad y mayores en España que “están prisioneras en sus casas por falta de accesibilidad”.

El Cermi trasladó al PSOE la necesidad de “abordar un nuevo marco legal de inclusión de las personas con discapacidad a partir de las recomendaciones que figuran en el Libro Blanco de empleo y discapacidad de 2023”.

También se insistió durante esta reunión en la necesidad de elevar el 0,7 al 1% de asignación tributaria de fines sociales, tanto en el impuesto de la renta como en el de sociedades, a fin de que “haya más recursos económicos para proyectos de inclusión y de extensión de los derechos sociales y se evite la competencia entre el plano estatal y el autonómico, al disfrutar de mayores ingresos para esa finalidad”.