"La desposesión actual del Gobierno central en materia de regulación de derechos sociales debilita las posibilidades de inclusión de los grupos en riesgo de exclusión, que necesitan un marco garantista estatal de derechos subjetivos que favorezcan la inclusión social", argumenta el citado comité.

Y es que, afirma, "en estos años de competencias exclusivas de las comunidades autónomas, los servicios sociales no están garantizados y no alcanzan el rango de derechos", por lo que se trata de un "déficit que tiene que ser atacado" mediante una norma estatal que establezca unos mínimos iguales para toda España.

Durante su intervención en el IV Congreso Nacional de Servicios Sociales, que tiene lugar en Zamora, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, recalcó que ha llegado el momento de que mediante una ley estatal se aseguren unos parámetros iguales de atención a todos los ciudadanos que precisen apoyos para su inclusión social.

En opinión del Cermi, "resulta un contrasentido que un Estado moderno como el español carezca absolutamente de competencias en materia de garantía de derechos y servicios sociales y que solo sean las comunidades autónomas las que tengan potestad en estas cuestiones".

Para los grupos vulnerables y en riesgo de exclusión, como el de las personas con discapacidad, "es preferible", según el CERMI, "un sistema de garantía de derechos sociales de ámbito estatal, que asegure unos resultados de atención y apoyos, que 19 sistemas distintos, diversos y dispersos, que acentúan las desigualdades por razón de dónde se resida".

En este sentido, el órgano de representación de la discapacidad concluye que la actual Constitución ampara al Estado para dictar una ley de estas características, tanto a través de las competencias en la esfera de la Seguridad Social, como respecto de garantía de unas condiciones básicas de igualdad de todos los españoles.