El pasado 2 de enero de 2025 se publicó la Ley Orgánica 1/2025, cuya finalidad es introducir en el ordenamiento jurídico como acceso válido a la Justicia, además de la jurisdicción, otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, como medida para la consolidación de un servicio público de Justicia sostenible, potenciando la negociación entre las partes, directamente o con la ayuda de un tercero neutral, contextualizó el Cermi.

Los MASC, según lo establecido en la citada ley, abarcan actividades negociadoras como la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión de persona experta independiente, el derecho colaborativo y la justicia restaurativa, en las cuales las partes intentan alcanzar acuerdos de buena fe, ya sea de manera directa o con la intervención de un tercero neutral.

"Dada la generalización de estos medios adecuados, que serán obligatorios con carácter previo para poder acudir a la jurisdicción civil y mercantil, es imprescindible que los mismos sean inclusivos con las personas con discapacidad, garantizando todos los derechos de igual capacidad jurídica, acceso a la justicia, ajustes de procedimiento, accesibilidad universal y provisión de apoyos humanos, materiales y técnicos que rigen para la Administración de Justicia", destacó el Cermi.

Las desjudialización de la resolución de controversias no puede en ningún caso, según el Cermi, comportar una menor protección de los derechos de las personas con discapacidad, por lo que todos los sistemas MASC han de asegurar la dimensión inclusiva en todos los momentos, fases y canales de los que se haga uso en los mismos.