Así lo ha planteado el Cermi en su escrito de alegaciones al anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que se encuentra abierto a audiencia pública hasta el próximo 30 de abril, según precisó este jueves en un comunicado.

En su documento de propuestas, el Cermi señala el “escaso nivel de diálogo” mantenido por Sanidad con los grupos de interés cualificados, como el de las personas con discapacidad y sus familias, en la preparación del anteproyecto, que, a su juicio, “se evidencia en lo insatisfactorio de muchos de sus contenidos”, que “olvidan o desconsideran” a este grupo de población, que precisa de un “mayor grado de acción positiva” desde las políticas de farmacia, medicamentos y productos sanitarios.

Para el Cermi, resulta “absolutamente esencial” que no solo no se reduzcan las exenciones totales o parciales vigentes ahora mismo en el pago de medicamentos y productos sanitarios por motivos de discapacidad, sino que “deberían extenderse a más segmentos de las personas con discapacidad”, como aquellas consideradas como de especiales dificultades de inserción.

En paralelo, “otra esfera preocupante”, que, a su entender, debe ser “mejorada” por Sanidad, hace referencia a las cuestiones de accesibilidad universal en toda la cadena del medicamento, desde su presentación, incluyendo envases y prospectos; publicidad y entrega al público, como oficinas de farmacia y otros posibles canales alternativos, si finalmente se consideran, que, según su punto de vista, “han de ser garantizadas por ley absolutamente, sin ningún resquicio que genere desprotección”.

En su documento de alegaciones, el Cermi incide en otros muchos aspectos más, como el aseguramiento de diálogo y participación del sector de la discapacidad en los procesos de toma de decisiones en el seno del Sistema Nacional de Salud, la atención “prioritaria” a los llamados “medicamentos huérfanos”, y el “peso de las consideraciones sociales, sin restricciones puramente economicistas”, para la inclusión de nuevos medicamentos o productos sanitarios en los catálogos con financiación pública.