Pérez planteó esta propuesta ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en el marco de la subcomisión creada para luchar contra los delitos de odio.

Según apuntó, “las personas con discapacidad somos víctimas preferenciales y el grupo social más expuesto a mensajes agresivos y a estos discursos”, así como a “su corolario, los delitos de odio”.

Puso el ejemplo “reciente” de las declaraciones “incalificables” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “veinte minutos después” de un accidente aéreo, “sin posibilidades humanas de tener ninguna información, achacó el incidente a la contratación de personas con discapacidad”. “Mensajes de este tipo hacen colapsar” todos los esfuerzos de las organizaciones civiles a favor de la inclusión, advirtió Pérez.

PIDE INTERVENIR

“El campo de batalla de los discursos de odio es fundamentalmente el mundo digital, en particular las redes sociales”, por lo que defendió la necesidad de “intervenir incluso quirúrgicamente en él, con regulaciones exigentes, vigilantes y hasta beligerantes contra los desmanes que propician o consienten”.

Pérez admitió la dificultad de legislar en este ámbito, consciente de que fundamentos como “la libertad de expresión, el principio de la mínima intervención dentro del campo penal o la pluralidad deben ser protegidos”.

Con todo, resaltó “el carácter dañino” de los discursos de odio y “sus implicaciones y peligros potenciales y reales” que, a su juicio, “han de tener una respuesta oficial por parte del Estado de derecho”. “No caben inhibiciones”, pues “existe un deber democrático de intervención".

MEDIDAS

Por ello, propuso obligar por ley a que los titulares de las redes sociales deban tener sede social en España “para poder operar”, lo que ha de incluir la “identificación permanente de los responsables, que estarán a disposición de las autoridades del Estado cuando sean requeridos”.

Asimismo, reclamó “extender a las redes sociales la regulación consolidada que existe en los medios de comunicación clásicos sobre derecho al honor y a la propia imagen, rectificación, responsabilidad civil por conductas nocivas, etc.”.

También demandó “establecer nuevas formas de intervención judicial, garantistas pero ágiles", a fin de perseguir “las actuaciones dañinas de las redes sociales”. "Suspensiones, inhabilitaciones temporales, cierres, multas coercitivas o exigencia de responsabilidad civil corporativa y personal de sus responsables” podrían contribuir a ello, sugirió.

Además, instó a la autoridad administrativa independiente de no discriminación a realizar un seguimiento de la cantidad e intensidad de los discursos de odio, para conocer en tiempo real la evolución de este fenómeno.

Finalmente, Pérez propuso “nuevas cargas tributarias específicas" para las compañías titulares de redes sociales, ya que, "como actividad objetivamente dañina, deben contribuir a compensar sus estragos”. “Este es el fundamento de la fiscalidad al alcohol o al tabaco”, justificó Pérez, consciente de que la medida resulta “poco ortodoxa”.

PREGUNTAS DE LAS DIPUTADAS

En su intervención, la portavoz del PP Patricia Rodríguez destacó que los delitos de odio contra personas con discapacidad han aumentado un 113% y quiso saber si la interseccionalidad (género, inmigración, origen étnico…) supone “un mayor riesgo en este sentido”.

La diputada socialista Margarita Martín preguntó si los delitos de odio afectan más a ciertos tipos de discapacidad y, al igual que su compañera, se interesó por los motivos detrás de estos mensajes.

La representante de Sumar, Engracia Rivera, pidió información sobre el impacto de esta discriminación, mientras que la portavoz de Vox, Reyes Romero, preguntó al presidente de Cermi por su opinión sobre “la mayor discriminación que sufren las personas con discapacidad, que son asesinadas antes de nacer”. Romero aludió constantemente al aborto y criticó que el objeto de esta subcomisión, a la que el Cermi “se ha prestado a acudir”, es acusar a “quienes pensamos distinto".

IMPACTO Y GÉNERO

En opinión de Pérez, el odio hacia las personas con discapacidad “responde a una suerte de imaginario colectivo inconsciente”, por el que resulta “fácil burlarse, perseguir o desahogarse con quienes son considerados más vulnerables”.

Puso el ejemplo del grupo de personas con discapacidad que "se va de viaje y, en el comedor del hotel, es fruto del desprecio general, porque se cree que van a molestar, que tienen que ser atendidas de forma especial, etc.”. "Si esto se lleva a las redes sociales, donde el anonimato propicia que la gente actúe con más impunidad, tenemos un caldo de cultivo perfecto”, afirmó.

En esta línea, Pérez indicó que “las discapacidades que presentan conductas desajustadas respecto al canon, la psicosocial, las personas con TEA o con discapacidad intelectual, son las más perseguidas”.

En cuanto a la intersección entre género y discapacidad, destacó que más del 10% de las víctimas mortales debidas a la violencia de género tenían discapacidad, una tasa que “no se corresponde con el peso demográfico de las mujeres” con esta condición.

También valoró que, desde hace diez años, la presencia de personas con discapacidad en todos los ámbitos (educación, empleo, cultura…) es "cada vez mayor”, por lo que “es posible que los mensajes de odio, como reacción, hayan asimismo aumentado”.

Por último, pidió a la portavoz de Vox “no confundir planos”, y le recordó que el Cermi “siempre se ha opuesto" a las regulaciones del aborto o de la eutanasia que pudiesen contener “una discriminación por razón de discapacidad”.