Así se recoge en el documento de alegaciones presentado por el Cermi al trámite de consulta pública abierto por el Ministerio de Transición Ecológica para la confección de este plan que exige la Unión Europea a todos sus estados. Entre otros objetivos, dicho plan debe proponer medidas para mitigar el posible impacto negativo (en cuanto a aumento de costes o exclusión) de las políticas y estrategias de descarbonización.

A tal fin, deberá incluir medidas para aquellas personas y hogares más expuestos a vulnerabilidad social y económica, que sufren la pobreza energética con más intensidad o en están en mayor riesgo de exclusión en cuanto al acceso a un transporte limpio.

En opinión del Cermi, las personas con discapacidad y sus familias estarían en esa situación, dado el sobrecoste que comporta (ya sea para la propia persona o para su entorno de convivencia u hogar), así como el mayor consumo energético de los hogares con personas con discapacidad (uso de dispositivos médicos y de otro tipo que garantizan su bienestar y/o autonomía), y las dificultades o imposibilidad de estas personas para acceder a medios de transporte sostenibles y accesibles.

Por ello, el cermi pide que el plan nacional tenga en cuenta a las personas con discapacidad como un grupo social vulnerable específico, por lo que deberá incluir medidas reforzadas que ayuden a hacer frente a sus necesidades en cuanto a consumo energético o acceso al transporte.