Para hacer efectiva esta medida, el Cermi ha propuesto a los ministerios de Cultura, Fomento y Vivienda la modificación de la Ley del Patrimonio Histórico, con el fin de que se favorezca la accesibilidad en las obras financiadas a través de esta partida presupuestaria.

Según la citada ley, "en el presupuesto de cada obra pública se incluirá una partida equivalente al menos al 1% de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno".

En este sentido, el Cermi propone establecer como criterio de admisión de las propuestas que concurran a las convocatorias del 1% cultural el cumplimiento de las normativas en materia de accesibilidad y eliminación de barreras para personas con discapacidad.

Asimismo, exige que las propuestas vayan acompañadas por una declaración responsable del promotor de la actuación, comprometiéndose a cumplir los requisitos de accesibilidad y un cuadro de especificaciones técnicas.

Además, el Cermi propone que sea causa de revocación o petición del reintegro de la ayuda el no cumplimiento de los requisitos de accesibilidad exigibles.

El comité de la discapacidad defiende que la accesibilidad debe tenerse en cuenta en cualquier actuación que se financie con cargo a fondos públicos y considera "moral y legalmente inadmisible" que se destine dinero público para financiar actuaciones que no contemplen la accesibilidad, "ya que es un valor tutelado y promovido por otras normas estatales y autonómicas".