Esta práctica es totalmente ilegal, como muestra la sentencia 1994/07 del Tribunal Superior de Andalucía, donde se reconoce el derecho de los reos con discapacidad a cobrar su pensión en igualdad de condiciones que en el exterior.

Por este motivo, el Cermi pide que se modifiquen los reales decretos (357/1991 y 383/1984) que regulan este aspecto para que no se consideren como ingresos ni rentas computables la pensión de invalidez no contributiva ni el subsidio de garantía de ingresos mínimos cuando el recluso sea beneficiario de ello a su ingreso en prisión.

El Cermi considera que estas pensiones sirven para compensar la imposibilidad de trabajar y para obtener rentas con las que poder tener una vida normalizada tras la salida de prisión. En la actualidad, hay algunas comunidades como Cantabria, Cataluña o Galicia, donde a los presos que tienen una pensión no contributiva no se le efectúa descuento alguno.