El CERMI indica en la misiva que "la directiva debería haberse incorporado a nuestro Derecho, mediante la aprobación de la norma reglamentaria oportuna, antes del 13 de agosto de 2004, plazo máximo de transposición, que desgraciadamente se ha sobrepasado con creces".

El Comité traslada a la ministra "el interés del sector de la discapacidad en la transposición urgente de esta directiva", interés que justifica en "la evidencia de que una vez que se pongan en práctica las obligaciones que contiene, aumentarán las oportunidades de mercado para empresas subcontratistas del mundo de la discapacidad".

En este sentido, la misiva del CERMI cita a los "centros especiales de empleo o empresas de inserción para personas con discapacidad dedicados a tareas de valorización y reciclaje de los residuos derivados de este tipo de aparatos".

"Las empresas de inserción de trabajadores con discapacidad dan ocupación a más de 40.000 empleados con discapacidad, que de otro modo tendrían muy difícil acceso al mercado de trabajo, por lo que toda decisión favorable a estos objetivos -como la transposición de la citada Directiva- es más que deseable, al reforzar la posición económica de estas empresas", concluye la carta.