Así lo manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su intervención en la jornada ‘Fomentando la inclusión neurodivergente mediante la innovación social’, organizada por la compañía EY.

Reconoció que el empleo público "no puede saldar --sobre todo cuantitativamente-- la deuda que con la inclusión laboral de las personas con discapacidad tiene la sociedad". Sin embargo, "sí puede y debe contribuir a acelerar este proceso", prosiguió, siendo modélico e inspirando la acción de las empresas, "que son las que generan la mayor parte del empleo en las sociedades de economía abierta".

A su juicio, "el empleo público ya comienza a incorporar a personas con discapacidad, aún muy lentamente, pero de modo creciente". La inclusión "ya no solo se trata de fijar la atención en el acceso, como hasta ahora, sino cada vez más en el progreso dentro de las estructuras administrativas

"La inclusión no se detiene en los procesos selectivos", dijo, sino que "ha de extenderse a todo el ciclo de vida profesional de la persona con discapacidad, sobre todo una vez que está incorporada en el sector público". En su opinión, este enfoque integral debe estar recogido en la regulación normativa del empleo público y para ello "trabaja el movimiento social de la discapacidad".

"Se ha abierto la ventana de oportunidad de reformar el reglamento que rige esta materia, que data de 2004", añadió, y destacó que ahora mismo se halla "en fase de actualización, gracias a la labor de incidencia del Cermi ante el Gobierno".