Según el CERMI, con la introducción de esta enmienda al texto actual se daría cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), que establece que "los minusválidos, en su etapa educatia, tendrán derecho a la gratuidad de la enseñanza, en las instituciones de carácter general, en las de atención particular y en los centros especiales, de acuerdo con lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan".

La enmienda propuesta por el CERMI a los grupos parlamentarios consiste en añadir un párrafo nuevo a la Disposición Adicional Vigésimocuarta del proyecto de Ley Orgánica de Universidades, en el que quede reflejado que los estudiantes que tengan reconocido un grado de minusvlía del 33% o superior "gozarán de exención en el pago de los precios públicos académicos en todas las Universidades públicas para cursar las enseñanzas conducentes a la obtención del título de carácter oficial, incluida la matrícula en las enseñanzas de tercer ciclo o doctorado".