Así lo expuso Pérez ante la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, tras señalar que “en la actualidad el 70% de los edificios de viviendas verticales no son universalmente accesibles”.

Entre otros aspectos, esto implica que carecen de ascensor, que no tienen rampas, que no disponen de señalización para personas ciegas, que presentan escalones a la entrada, que sus piscinas y zonas de jardines no están adaptadas…, enumeró Pérez.

La petición de Cermi consiste en eliminar el límite de 12 mensualidades corrientes para que las comunidades de vecinos tengan que asumir los gastos derivados de las obras de accesibilidad. "Cuando se trata de garantizar las condiciones de seguridad o de estanqueidad de los edificios, no hay límites de gasto”, explicó, y las comunidades han de ejecutar las obras, cuesten lo que cuesten.

"No sucede igual con la accesibilidad universal, pese a ser un derecho reconocido", lamentó Pérez. Hay comunidades de vecinos "de gran tamaño que sí pueden asumir costes elevados", prosiguió, como la instalación de un ascensor, pero “las de pequeño o mediano tamaño, no” y “tampoco se les puede imponer”.

Según apuntó, existe un grupo de trabajo entre los ministerios de Vivienda, Hacienda, Justicia y Economía, y el Cermi, donde se analiza esta propuesta de reforma. “Estamos a la espera” y "confiamos en que esta vez sí se incluyan nuestras demandas”, declaró.

Si el problema de la vivienda "con razón figura como la preocupación principal de la sociedad española”, en el caso de las personas con discapacidad “adquiere tintes dramáticos", denunció. A su juicio, este déficit "está muy vinculado también al desarrollo de la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización". "¿Qué persona con gran dependencia va a dejar su residencia si no dispone de un domicilio accesible?".

Por ello, exigió "inversiones y políticas públicas para, poco a poco, conseguir un parque de vivienda razonablemente accesible”.

Una propuesta en este sentido es la creación de un Fondo Público de Promoción de Accesibilidad Universal, nutrido con el 1,5 % del presupuesto que la administración dedique a infraestructuras, agenda urbana, movilidad y transportes.

Según Pérez, su objetivo sería “financiar proyectos de mejora de la accesibilidad universal en distintos entornos”, como medios de transporte, espacio urbano, mundo rural, vivienda pública... por parte de las administraciones.

EMPLEO

En cuanto al fomento del empleo, Pérez solicitó el apoyo de todos los grupos a la reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que pone fin al despido automático de la relación laboral en caso de incapacidad permanente de un trabajador. El proyecto se encuentra en tramitación en el Congreso, tras superar la enmienda a la totalidad presentada por Vox.

Prevé un plazo de tiempo para que, si la persona “lo desea”, la empresa “adapte su puesto de trabajo mediante ajustes razonables” o le busque otra ubicación más adecuada. Según Pérez, esta medida pondrá fin a “una discriminación histórica” y da cumplimiento a la reforma del artículo 49 de la Constitución y a la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

"Cuando aparece una discapacidad sobrevenida, que cada vez es más frecuente", las personas afectadas tienen que “hacerse a una nueva vida” y replantearse muchas cosas, indicó Pérez. En su opinión, esta medida servirá para que “más personas permanezcan en situación de actividad, cotizando y generando ingresos”.

Pérez reclamó seguir desarrollando las indicaciones del Libro Blanco para el Empleo de las Personas con discapacidad, en cuya elaboración participó el Cermi.

También abogó por reformar la Ley de subvenciones para que “ninguna empresa que incumpla la cuota de empleo reservado para este colectivo (2% cuando la plantilla supere los 50 trabajadores) reciba ayudas públicas. Esto ya funciona para aquellas empresas que tienen deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, prosiguió, y "es algo lógico, porque no se puede premiar a aquellos que incumplen la ley”. Por eso, "las compañías que vulneren la Ley de discapacidad tampoco deberían beneficiarse de ninguna subvención”, defendió.

MÁS DEMANDAS

Por otro lado, Pérez demandó actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, sobre todo del catálogo ortoprotésico. En concreto, reclamó la gratuidad de los audífonos para las personas mayores de 26 años, incluyendo los casos en que se necesita un único dispositivo, y la incorporación de materiales para practicar deporte adaptado.

También solicitó la adopción de un Plan de Inclusión Educativa “con horizonte en 2030”, tal como prevé la Lomloe, y reivindicó el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar del ocio y de la vida cultural, “como consumidoras de bienes y servicios y también como creadoras de contenidos”.

Para ello, "se necesitan “entornos y espacios accesibles”, prosiguió, y que “se preste apoyo y oportunidades para que aquellas personas que tengan talento" puedan “desarrollarlo y ofrecer los resultados de su creatividad al conjunto de la sociedad".

En cuanto a las mujeres y niñas con discapacidad, que el nuevo artículo 49 de la Constitución menciona de forma expresa, el presidente del Cermi insistió en la puesta en marcha del Plan de Acción específico para este colectivo. Entre otras medidas, este contempla la realización de una macroencuesta de violencia contra mujeres con discapacidad, y un programa de reparación efectiva a las víctimas de esterilización forzosa, que "fueron principalmente mujeres".