Así se puso de manifiesto durante el conversatorio ‘Políticas climáticas inclusivas’, organizado por el Cermi con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España. El evento abordó las propuestas del movimiento de la discapacidad a la futura Observación General sobre el Artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.

El acto, moderado por el director de la agencia de noticias Servimedia, José Manuel González Huesa, contó con la participación de la directora ejecutiva de Cermi Estatal, Pilar Villarino; la representante del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Giulia Traversi; la directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, Marta Jiménez Moral; y la directora ejecutiva de Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero.

Villarino puso de relieve la necesidad de que todas las políticas públicas, también las climáticas, estén ligadas a la Convención y al ODS13 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En este sentido, puso el foco en aquellas cuestiones relacionadas con la accesibilidad, con las situaciones de riesgo y emergencia climática y con la salud.

“En cuestiones de emergencia la valoración que hacemos desde el Cermi es que las personas con discapacidad nos quedamos atrás o somos invisibles”, dijo Villarino, al tiempo que instó a que, en estas situaciones, se garanticen los “apoyos prioritarios y que atiendan a las necesidades individuales”.

Durante el conversatorio también se destacó la importancia de que las políticas climáticas incluyan la perspectiva de género, ya que, tal y como señaló Isabel Caballero, el cambio climático “tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y contribuye a que se agraven las desigualdades”.

Asimismo, defendió que se incluya a las mujeres en la toma de decisiones, “no solo para alcanzar la equidad, sino para que haya una verdadera efectividad de las respuestas climáticas”, dado que “cuando las mujeres están implicadas, las soluciones son más sostenibles a largo plazo”.

Sobre la escasa influencia actual de las mujeres en la toma de decisiones también se pronunció la representante del EDF Giulia Traversi. “Sabemos que las personas con discapacidad sufren más marginación o discriminación y son impactadas de manera desproporcionada porque tienen un acceso más limitado a la toma de decisiones”, explicó a este respecto. También se refirió a la mayor tasa de mortalidad en las crisis naturales y humanitarias, que es hasta cuatro veces mayor que entre la población sin discapacidad, y al efecto multiplicado entre las mujeres y niñas con discapacidad.

Por su parte, la directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, Marta Jiménez, hizo un llamamiento a abordar una transición “ecológica, justa e inclusiva”. “Es necesario generar datos e información sobre cómo afecta el cambio climático a las personas con discapacidad y también sobre las oportunidades que surgen y cómo se pueden aprovechar”, concluyó.